Faltan políticas públicas para trabajadoras sexuales

Faltan políticas públicas para trabajadoras sexuales

Los avances obtenidos durante los últimos años en materia del reconocimiento al trabajo sexual se perdieron como consecuencia de la pandemia por COVID-19, aseguró Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. durante el XXIV Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, celebrado de manera virtual.

La socióloga indicó que las cifras de personas dedicadas al trabajo sexual han aumentado a raíz de la pandemia de COVID-19, pues la falta de ingresos constantes ha provocado que busquen alternativas para la generación de ingresos económicos.

Como parte del análisis de la fundadora de la organización que ha logrado el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo no remunerado en la Ciudad de México, mencionó que el gobierno mexicano no ha hecho su trabajo, pues no ha resuelto de manera efectiva, la erradicación de la delincuencia organizada, la violencia sistémica, las desapariciones, y brinde apoyos para cubrir necesidades básicas y se apliquen mecanismos de VIH efectivos ante el aumento de casos de VIH.

Trabajo sexual en números

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Trabajo Sexual, 36.5 por ciento de quienes ejercen el trabajo sexual indicó que sí han sido violentadas por las autoridades, y 28.4 por ciento refirió que ha sido en “varias ocasiones”.

El informe reveló que en la capital mexicana había unas siete mil 700 trabajadoras sexuales, pero actualmente, se estima que el número ascendió a 15 mil 200, debido a las difíciles condiciones económicas derivadas de la crisis sanitaria.

De este aumento, 40 por ciento son mujeres que habían dejado el trabajo sexual pero han tenido que regresar a las calles, el otro 40 por ciento son aquellas que tuvieron que iniciar a raíz de la crisis, y el 20 por ciento restante representan a las mujeres que no están en un punto específico, es decir caminan en vía pública buscando cliente.

En algunos estados se han registrado situaciones particulares. En Quintana Roo se registró un aumento de trabajo sexual y una fuerte migración al mercado digital. Mientras que en Tapachula, Chiapas, se incrementaron los casos de VIH en un 10 por ciento y un 20 por ciento en sífilis.

En la entidad chiapaneca se expulsó, amedrentó y amenazó a trabajadoras sexuales de la zona galáctica, por los hechos las trabajadoras sexuales levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de Chiapas. La cual, hasta la fecha, no ha sido resuelta, ni se ha atendido la carpeta de averiguación con el número 0001-101-2601-2021, que deriva de la denuncia que interpusieron las trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia luego de ser violentadas y expulsadas de su lugar de trabajo sin poder llevarse sus pertenencias.

Otro de los asuntos reportados registró que aún existe un tarjetón de control sanitario que tiene un costo de 400 a 600 pesos y se les cobra quincenalmente 100 pesos una revisión médica, ambos costos para permitir que las trabajadoras sexuales laboren. Dichos fondos, denunciaron, van a parar a las arcas del gobierno, no obstante, ese dinero que tienen que pagar las trabajadoras sexuales no es el único y de manera recurrente se les extorsiona en los operativos que realizan las autoridades.

Otro detalle observado es que por la emergencia sanitaria por Covid- 19 obligó a las personas que se dedican al trabajo sexual a dar el servicio sin condón, buscar espacios alejados y poco protegidos ante el cierre de hoteles.

Rezagos

Durante su participación en el encuentro, Andrea Gonzáles Rodríguez, directora del Programa de VIH de la ciudad de México, explicó que la pandemia por COVID-19 ha sido implacable con las mujeres que ejercen el trabajo sexual. “Este sector se enfrenta al estigma que impide comprender el trabajo sexual bajo condiciones de libertad y voluntad, pero en su mayoría las condiciones económicas y sociales han sido factores que han orillado a las trabajadoras sexuales que ejercen libremente este oficio a trabajar en la calles”, indicó la también investigadora.

Por su parte, la antropóloga Marta Lamas señaló que aún existen muchas dificultades para que las personas que se dedican al trabajo sexual accedan a las tarjetas que las acreditan como trabajadoras no asalariadas, reconocimiento asentado en la Sentencia del Juicio de Amparo 112/2013.

Situación en Yucatán

En Yucatán, las trabajadoras sexuales han sido de las más afectadas por la pandemia, ya que el confinamiento las ha obligado a trabajar en la clandestinidad y alejadas de lugares concurridos.

En Mérida, la calle es libre pero las autoridades niegan ese derecho a las trabajadoras sexuales. La cantidad de trabajadoras en el barrio de San Cristóbal, en el centro de la capital, se duplicó luego de que el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa a finales de abril les concediera un amparo para poder trabajar de manera libre sin ser detenidas.

No obstante, las trabajadoras sexuales en Yucatán continúan siendo víctimas de discriminación, estigmatización, de las infecciones de VIH y violencia por parte de clientes, autoridades y de proxenetas.

Se reportó el caso un hombre sexagenario que intentó entrar a un motel con una menor de 10 años de edad. Fue detenido por la Policía Municipal, junto con la madre de la menor, a quien se acusa haber consentido el hecho, lo que levantó sospechas sobre una red de trata.

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