Lo que aún se vive en Chiapas

Lo que aún se vive en Chiapas
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Las historias de la Frontera Sur no pueden más que arrancar en la meca del turismo sexual en Chiapas. Las trabajadoras sexuales no viven las mejores condiciones de vida precisamente.
Esmeralda Fonseca 4 mayo, 2018 in COMARCA

En los bares de Tapachula donde ha laborado, Raquel cuenta que la mayoría de sus compañeras dedicadas a la prostitución están ahí por su propia voluntad; casi todas son migrantes como ella, que es originara de Nicaragua. En este municipio del estado “si alguien tiene un padrote y le da dinero, lo más probable es que lo haga voluntariamente”.

No obstante, dice que en Oaxaca ha observado una gran cantidad de trata de personas, “principalmente menores de edad reclutadas, transportadas y obligadas a trabajar, o suplicar en beneficio de su patrón. Oaxaca tiene una gran población indígena y pobre y son la mayoría de las víctimas de tratantes y abusadores”.

Raquel fue una de las elegidas para documentar en el Informe México 2018: “Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio: representarse a sí mismas, movilidad de la comunidad y condiciones de trabajo”.

De acuerdo con uno de los tantos testimonios de abusos cometidos en contra de las mujeres que ejercen este oficio por consentimiento, los malos tratos se deben a la “confusión” acerca de la definición de la Ley General sobre la trata de personas; en su aplicación, se llega a considerar que ninguna mujer puede desempeñar dicho oficio, simplemente porque pertenece a un grupo vulnerable.

Ocurre entonces una contradicción con respecto al cumplimiento de los derechos humanos, los cuales se establecieron para ser respetados sin exclusión ni discriminación alguna; sin embargo, México es un país con altas tasas de desigualdad y violencia, situación que enfrentan estas mujeres que se emplean en la prostitución. Lograr el pleno goce y ejercicio de sus derechos requiere la participación de la sociedad civil organizada.

Así lo comentó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, Juan José Zepeda Bermúdez, en la presentación del reporte. La investigación fue elaborada por Francisco Javier Lagunes Gaitán, con el respaldo de la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, y la coordinación de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Elvira Madrid Romero, fundadora de la Brigada Callejera, explicó que el informe tiene como propósito concientizar sobre los derechos de las trabajadoras sexuales y busca la dignificación de esta labor, debido a que las mujeres que se dedican a este oficio están expuestas de forma constante a la violación de sus derechos.

También agregó que son vulnerables a la violencia institucional ejercida por parte de la Policía, por distintas instancias públicas (entre ellas las de salud), e incluso por el Poder Judicial, de acuerdo con información retomada del portal Sexenio.

CONFUSIÓN ENTRE TRABAJO SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS

Brigada Callejera comprende por trata de personas como “una ofensa muy grave que daña la dignidad y los derechos humanos de las personas. Este delito implica el reclutamiento y transporte de personas, de un país a otro, o dentro del mismo país, con el propósito de explotarlas, mediante el uso de amenazas, engaños, fuerza o violencia”.

Es decir, la organización está consciente de la diferencia entre el consentimiento de las transacciones sexuales de adultos y la trata de personas. Sin embargo, exponen que a causa de las ambigüedades en la ley mexicana frente a este delito, junto con la falta de capacitación y conocimiento entre las autoridades policiales y judiciales, “en la práctica cotidiana penalizan a las trabajadoras del sexo, con el pretexto de luchar contra la trata”.

La Ley General sobre el tráfico de personas se incluyó por primera vez en el Código Penal Federal mexicano en 2007, para cumplir con las obligaciones del país en virtud del Protocolo de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. No obstante, la legislación mexicana no persigue de forma fiel lo referido por el órgano internacional.

Con base al código legal mexicano, el artículo 10 define el delito de trata de personas como “la conducta de una o muchas personas para reclutar, atraer, transportar, transferir, retener, dar, recibir o albergar a una o muchas personas con fines de explotación”; de incurrir en ello recibirían una sentencia de cinco a 15 años en prisión y multa.

Según el Protocolo de Palermo, se requieren tres elementos para establecer el acto delictivo (reclutamiento, transferencia, entre otros); debe hablarse de los medios con los que se valen (coacción, engaño, fuerza, etcétera); y debe establecerse el propósito (explotación).

Al compararlas, Brigada Callejera cayó en la cuenta que la ley mexicana “no articula claramente el elemento ‘medios’ haciendo que, efectivamente, cada movimiento de una persona con el propósito de una explotación subjetivamente percibida sea equivalente a la trata”.

Como consecuencia, la mala aplicación de la ley contra el tráfico de personas propicia redadas y enjuiciamientos del trabajo sexual consentido. El documento explica que no es raro que los casos legales contra dicho delito incluyan pruebas objetables o irregulares. “La Policía y la Fiscalía a veces toman los condones de las trabajadoras sexuales como ‘evidencia’”.

Gracias a los testimonios recabados por la organización, se pudo exhibir que “el trabajo sexual a veces es una de las actividades generadoras de ingresos para mujeres a lo largo de la vida y que las leyes estrictas para proteger a las mujeres de la trata de personas, a menudo restringen aún más sus elecciones y crean oportunidades para la corrupción y los abusos policiales”.

DATOS DUROS

El documento expone, a través del análisis de investigadores independientes, el impacto negativo que ha tenido el marco de lucha contra la trata, en la vida de las personas que ejercen el trabajo sexual y las condiciones en las que se labora en la industria.

De acuerdo con la información de la investigación, es imposible saber con exactitud cuántas trabajadoras sexuales hay en el país, debido al estigma y el estado oculto del oficio. Brigada Callejera calcula que hay cerca de 600 mil trabajadoras sexuales, además de otras 200 mil menores de 18 años de edad ofreciendo sexo.

Según los datos de la organización, la mayoría de las trabajadoras sexuales en México son mujeres cis, con un número menor de hombres y mujeres trans, tanto de nacionalidad mexicana como de otras partes de América Latina. En el caso de las migrantes de Colombia, Venezuela, Argentina y Cuba trabajan principalmente en burdeles, agencias de acompañantes y cabarets donde el table dance es uno de sus atractivos.

Y desde el “Viejo Continente”, hace más de una década que las mujeres de Europa del Este han venido con más frecuencia al país para conquistar los niveles más altos de la industria. El reporte señala que algunas de estas mujeres extranjeras fueron traídas a México a través de redes del crimen organizado, pero hay muchas que llegaron de manera independiente, y debido a su condición de ilegales son vulnerables al abuso.

Con relación al tema de las enfermedades de transmisión sexual, como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el documento indica que la prevalencia de éste entre las trabajadoras sexuales es del 0.67 por ciento, frente al 0.23 por ciento de los habitantes en general.

Incluso, mencionan que este grupo de la población son el único de la sociedad mexicana entre quienes las tasas de prevalencia del VIH han disminuido desde el comienzo de la epidemia, como resultado de un mayor uso del condón y pruebas voluntarias del VIH.

Brigada Callejera calcula que hay cerca de 600 mil trabajadoras sexuales en el país, además de otras 200 mil menores de 18 años de edad ofreciendo sexo; la mayoría son mujeres cis, con un número menor de hombres y mujeres trans, tanto de nacionalidad mexicana como de otras partes de América Latina